La Asociación Guatemalteca de Abogados y Profesionales Cristianos (APC) se solidariza con los vecinos afectados y exige que sus voces sean escuchadas en el proceso judicial.

La Asociación Guatemalteca de Abogados y Profesionales Cristianos (APC) manifestó su firme respaldo a los vecinos de Quetzaltenango que resultaron afectados tras la reciente detonación de una granada de fragmentación en una zona residencial, en un hecho que ha sido vinculado preliminarmente a posibles rencillas territoriales entre grupos del crimen organizado.

El acto violento ha dejado una profunda preocupación entre las familias del sector, particularmente entre quienes temen por la seguridad de sus hijos y seres queridos. A esto se suma la molestia de los vecinos por la reprogramación administrativa de las audiencias, lo que impide que la comunidad afectada pueda ofrecer sus primeras declaraciones y ser escuchada oportunamente.

Frente a esta situación, la APC ha iniciado una jornada de acompañamiento legal, así como asesoría y contención emocional para las familias afectadas, con el objetivo de asegurar que sus derechos sean protegidos y sus voces escuchadas en el proceso legal.

“No solo se trata de un hecho criminal, sino de una amenaza directa al núcleo más sagrado de nuestra sociedad: la familia. Desde la APC reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la niñez, la protección de las familias guatemaltecas y la preservación de los valores que nos identifican como nación: la fe, la unidad, el respeto y la paz,” declaró la Junta Directiva de la Asociación.

Uno de los abogados a cargo del acompañamiento en este caso es Erick Alejandro Chang, miembro activo de la APC, quien ha mostrado un compromiso decidido con la justicia y el bienestar de las comunidades. El abogado Chang hizo un llamado a sus colegas en todo el país a unirse en la defensa de los valores tradicionales guatemaltecos, recordando que la verdadera justicia no solo se ejerce en los tribunales, sino también en la cercanía con el pueblo y en la protección de quienes no tienen voz.

“Este no es solo un caso más, es una oportunidad para dignificar nuestra profesión y ponerla al servicio de la verdad, de la justicia y de las familias guatemaltecas. Invito a todos los abogados comprometidos con el bien común a sumarse a esta lucha,” expresó Chang.

El equipo jurídico de la APC también instó a las autoridades a agilizar los procesos judiciales y brindar garantías a las víctimas y testigos, particularmente a los menores de edad, quienes son los más vulnerables ante este tipo de hechos.

Además, la Asociación anunció que dará seguimiento activo al caso y promoverá espacios de diálogo y reconstrucción comunitaria, impulsando valores como la solidaridad, la justicia y la convivencia pacífica entre vecinos.

La APC reafirma que su misión no es únicamente jurídica, sino también social y espiritual, acompañando a las comunidades en su anhelo de vivir en un país donde el Estado de Derecho proteja la vida, la dignidad humana y la estructura de la familia, como base fundamental del desarrollo nacional.